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Cinco años después, lejos de poner fin a su política de represión para sofocar las voces disidentes y cualquier tipo de crítica, el gobierno de Nicaragua continúa ampliándola y reinventándola e incorporando nuevos patrones de violaciones, señaló hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Un grito de justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua documenta la crisis de derechos humanos que vive el país desde que la gente salió a las calles a protestar pacíficamente contra las reformas al sistema de seguridad social el 18 de abril de 2018. La represión brutal fue la herramienta que el presidente Daniel Ortega decidió utilizar para controlar este descontento social, dejando más de 300 muertos, más de 2.000 heridos y centenares detenidos arbitrariamente.
“A través de la documentación de casos emblemáticos, hemos mostrado el continuo de represión al que ha sido sometida la sociedad nicaragüense y los diferentes patrones de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas que se atreven a alzar la voz para denunciar la crisis que vive el país y exigir el respeto y pleno disfrute de los derechos en Nicaragua», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe explica las principales tácticas -uso excesivo de la fuerza, uso de leyes penales para criminalizar injustamente a activistas y disidentes, ataques a la sociedad civil y exilio forzoso- que el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha utilizado para cerrar paulatinamente a los ciudadanos espacio; silenciar a los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y cualquier voz disidente o crítica del gobierno; y operar sin ningún tipo de control o rendición de cuentas. La implementación de estos métodos ha resultado en una amplia gama de violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y privación arbitraria de la nacionalidad.
Según la información recopilada por Amnistía Internacional, las fuerzas policiales han recurrido al uso excesivo de la fuerza, a menudo en coordinación con grupos armados progubernamentales, y han sido responsables de miles de detenciones arbitrarias en varios momentos durante los últimos cinco años. Estas fuerzas represivas también se han caracterizado por el uso de armas letales en contextos no permitidos por el derecho internacional, lo que ha resultado en la muerte de cientos de personas, algunas de las cuales ya han sido catalogadas por organismos de vigilancia de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, un delito bajo el derecho internacional.
Utilizando información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y la documentación directa de casos en diferentes momentos entre 2018 y 2023, Amnistía Internacional ha podido constatar cómo el sistema judicial ha sido cooptado y, en colaboración con otras autoridades nacionales, ha perseguido juicios de personas simplemente porque se las consideraba críticas con el gobierno. En los casos documentados en el informe se verificó cómo el gobierno ha utilizado el sistema de justicia penal como herramienta de control y represión contra personas consideradas disidentes u opositoras. Este armamento del sistema de justicia penal ha llevado al encarcelamiento de cientos de personas solo por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, por denunciar los abusos cometidos por las autoridades y por defender y promover los derechos humanos en Nicaragua.
A través de la documentación de casos emblemáticos, hemos mostrado el continuo de represión al que ha sido sometida la sociedad nicaragüense y los diferentes patrones de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas que se atreven a alzar la voz.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
La organización también detalla actos de hostigamiento y represión que el gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo contra organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes. En los últimos cinco años, el gobierno ha dictado una serie de leyes para restringir la libertad de asociación y expresión y ha sometido a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación a campañas de desprestigio, injerencias ilícitas en su funcionamiento y criminalización injusta de sus miembros.
Entre los métodos más frecuentes que ha utilizado el gobierno de Nicaragua para reprimir a estos actores ha sido el despojo de su personería jurídica, allanamientos a sus oficinas y la incautación de sus bienes, limitando severamente su capacidad para realizar su trabajo. Además, defensores de derechos humanos, activistas de diversa índole y periodistas han sido objeto de hostigamientos, amenazas e incluso ataques a su integridad física. Muchos han tenido que huir del país o han decidido interrumpir temporalmente su trabajo por temor a su seguridad.
El informe también describe cómo la inestabilidad social y económica provocada por la implacable represión y la crisis de derechos humanos que azota a Nicaragua desde 2018, ha obligado a miles de personas a abandonar el país. Amnistía Internacional explica que, en el caso de Nicaragua, las personas que han sido desplazadas forzadamente en los últimos cinco años deben recibir protección internacional.
Finalmente, el informe aborda la privación arbitraria de la nacionalidad a la que han sido sometidas más de 300 personas, muchas de las cuales quedaron apátridas, condición que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y crea serios obstáculos para el ejercicio de otros derechos como el salud, educación y trabajo digno. Ante este contexto, Amnistía Internacional recuerda a la comunidad internacional la responsabilidad compartida de brindar protección a estas personas.
“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se perpetúa con el menoscabo del estado de derecho, la aprobación de reformas a la ley que han erosionado la independencia del poder judicial y el cierre del país al escrutinio de los derechos humanos mecanismos de control, tanto regionales como universales», dijo Erika Guevara-Rosas.
“Hoy, más que nunca, la comunidad internacional debe seguir actuando de manera coordinada y decisiva. No solo por reconocer y condenar el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino también en la forma en que se promueven y garantizan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las miles de víctimas la misma política represiva que aplasta los derechos humanos ha reivindicado y sigue reivindicando”.
