Masaya Nicaragua Información acerca de Nicaragua como país, culturas, religiones y comidas. Relacionados
Desde que estalló la actual crisis de derechos humanos en Nicaragua en 2018, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha frenado su arremetida contra los derechos humanos y cualquier forma de disidencia o crítica. En los últimos años organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado la forma en que las autoridades han utilizado todas las instituciones del Estado para intimidar, castigar y erradicar cualquier forma de oposición política o defensa de los derechos humanos.
«Con esta nueva oleada de violaciones de derechos humanos, Daniel Ortega pretende sustituir el injusto encarcelamiento de quienes denuncian y defienden derechos por el exilio forzoso, despojando cruelmente de sus derechos a cientos de nicaragüenses e intensificando su política de terror y represión para aniquilar cualquier disidencia», ha declarado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta semana, el Tribunal de Apelaciones de Managua dictó una sentencia por la que se privaba de la nacionalidad a 94 nicaragüenses. Entre ellos se encontraban destacados defensores de los derechos humanos, escritores y periodistas. Además, los declaró «traidores a la patria» y, sin procedimiento judicial alguno, los calificó de «prófugos de la justicia».
Entre los afectados por esta última decisión arbitraria de despojarlos ilegalmente de su nacionalidad se encuentra Vilma Núñez de Escorcia, presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), con una trayectoria de más de 60 años de trabajo por los derechos humanos, a quien en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares obligando a las autoridades de manera específica y urgente a garantizar la protección de su vida e integridad.
«El valiente e incesante trabajo por los derechos humanos que ha realizado Vilma Núñez, junto a otros defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, es ahora la única prueba que el gobierno de Daniel Ortega pretende utilizar para justificar la aplicación de leyes destinadas a criminalizarlos y perseguirlos. Ahora, más que nunca, nos solidarizamos con el pueblo nicaragüense y su movimiento de derechos humanos, y pedimos a la comunidad internacional que haga lo mismo», ha declarado Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.