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CIUDAD DE MÉXICO — Nicaragua canceló este miércoles la ciudadanía de 94 opositores políticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
El juez de la Corte de Apelaciones, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó un comunicado en el que declaró a las 94 personas como «traidores» y dijo que habían perdido su ciudadanía nicaragüense.
Mejía dijo que sus propiedades serían confiscadas.
Dijo que los que estaban en la lista, entre ellos la activista de derechos humanos Vilma Núñez, el excomandante rebelde sandinista Luis Carrión y el periodista Carlos Fernando Chamorro, eran culpables de «difundir noticias falsas» y «conspiración para socavar la integridad nacional».
No estaba claro en qué ley se basaba la declaración. El congreso de Nicaragua aún no ha aprobado completamente un proyecto de ley que permitiría al gobierno despojar a las personas de su ciudadanía.
La mayoría de los nombrados han huido de Nicaragua desde que el presidente Daniel Ortega comenzó a arrestar a los opositores hace dos años, y Mejía dijo que habían sido declarados «prófugos». No se mencionó lo que podría pasar con los nombrados que todavía están en Nicaragua.
La medida se produce días después de que Ortega embarcara a 222 líderes políticos, sacerdotes, estudiantes, activistas y otros disidentes encarcelados en un vuelo a Estados Unidos.
Poco después, el gobierno de Ortega votó para despojar a los ex presos expulsados de la ciudadanía nicaragüense.
Analistas, expertos legales y grupos de derechos humanos lo llaman una estratagema política. Sostienen que también viola el derecho internacional y dicen que no tiene precedentes, al menos en el hemisferio occidental, en términos de escala e impacto.
Ramírez anunció en 2021 que viviría en España, luego de que el gobierno de Ortega intentara arrestarlo y prohibiera su último libro. El escritor de 79 años se desempeñó como vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega de 1985 a 1990. Pero a mediados de la década de 1990 se distanció de Ortega, junto con otros intelectuales y exguerrilleros.
Miles han huido al exilio desde que las fuerzas de seguridad nicaragüenses reprimieron violentamente protestas masivas contra el gobierno en 2018. Ortega dice que las protestas fueron en realidad un intento de golpe con respaldo extranjero, con el objetivo de derrocarlo y alentar a las naciones extranjeras a aplicar sanciones a miembros de su familia y gobierno.
En el período previo a la reelección de Ortega en noviembre de 2021, las autoridades nicaragüenses arrestaron a siete posibles candidatos presidenciales de la oposición para despejar el campo. El gobierno también cerró cientos de grupos no gubernamentales que Ortega acusó de tomar fondos extranjeros y usarlos para desestabilizar a su gobierno.
Peter J. Spiro, profesor de derecho internacional en la Universidad de Temple, y otros dicen que quitar la ciudadanía en este contexto viola un tratado adoptado en 1961 por los países de las Naciones Unidas, incluida Nicaragua, que establece reglas claras destinadas a prevenir la apatridia.
El tratado establece que los gobiernos no pueden «privar a ninguna persona o grupo de personas de su nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos».
Spiro señaló que hay algunas circunstancias en las que los gobiernos pueden cancelar la ciudadanía, como cancelar la nacionalidad de alguien que adquiere la ciudadanía en otro país cuando la primera nación prohíbe la doble ciudadanía. Pero, dijo, no se permite acabar con la ciudadanía cuando se utiliza como arma política.
España ha ofrecido su ciudadanía a los 222 exiliados, mientras que EE.UU. concedió a los nicaragüenses una protección temporal de dos años.
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