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Analistas, expertos legales y grupos de derechos humanos condenan la medida, que dicen que viola el derecho internacional.
Nicaragua ha despojado de su ciudadanía a 94 opositores políticos, incluidos destacados escritores, activistas y periodistas.
Las 94 personas eran «traidores» y sus propiedades serían confiscadas, dijo el miércoles el juez de la Corte de Apelaciones Ernesto Rodríguez Mejía en un comunicado.
Afirmó que los de la lista -entre ellos la activista de derechos Vilma Núñez, el excomandante rebelde sandinista Luis Carrión y el periodista Carlos Fernando Chamorro- eran culpables de «difundir noticias falsas» y «conspiración para socavar la integridad nacional».
La mayoría de los nombrados huyeron de Nicaragua cuando el presidente Daniel Ortega comenzó a arrestar a los opositores hace dos años y Mejía dijo que habían sido declarados «prófugos». No se mencionó lo que podría pasar con los nombrados que todavía están en Nicaragua.
Analistas, expertos legales y grupos de derechos humanos dicen que la medida viola el derecho internacional y no tiene precedentes, al menos en el hemisferio occidental, en términos de escala e impacto.
Álvaro Navarro, un periodista despojado de su nacionalidad, se mostró desafiante.
“Soy nicaragüense por la gracia de Dios… si creen que me van a poner de rodillas, están enredados. ¡Viva Nicaragua!”. Navarro escribió en Twitter.
La medida se produce días después de que Ortega liberara a 222 presos políticos y los embarcara en vuelos a Estados Unidos.
Poco después, el gobierno de Ortega votó para despojar a los ex presos expulsados de la ciudadanía nicaragüense.
Miles han huido al exilio desde que las fuerzas de seguridad nicaragüenses reprimieron violentamente protestas masivas contra el gobierno en 2018.
En el período previo a la reelección de Ortega en noviembre de 2021, las autoridades nicaragüenses arrestaron a siete posibles candidatos presidenciales de la oposición para despejar el campo. El gobierno también cerró cientos de grupos no gubernamentales acusados por Ortega de tomar fondos extranjeros y usarlos para desestabilizar a su gobierno.
Peter Spiro, profesor de derecho internacional en la Universidad de Temple, y otros dicen que quitar la ciudadanía en este contexto viola un tratado adoptado en 1961 por los países de las Naciones Unidas, incluida Nicaragua, que establece reglas claras destinadas a prevenir la apatridia.
El tratado establece que los gobiernos no pueden «privar a ninguna persona o grupo de personas de su nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos».
Spiro señaló que hay algunas circunstancias en las que los gobiernos pueden cancelar la ciudadanía, como cancelar la nacionalidad de alguien que adquiere la ciudadanía en otro país cuando la primera nación prohíbe la doble ciudadanía. Pero, dijo, no se permite acabar con la ciudadanía cuando se utiliza como arma política.
España ha ofrecido la ciudadanía a los 222 exiliados, mientras que Estados Unidos concedió a los nicaragüenses una protección temporal de dos años.
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