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Nicaragua inhabilitó el martes al embajador designado de la UE luego de las críticas a su «represión sistémica» de la disidencia en los cinco años desde que las protestas antigubernamentales fueron reprimidas con mano dura.
El canciller Denis Moncada dijo que el país centroamericano decidió bloquear al futuro embajador Fernando Ponz en respuesta a un «comunicado intervencionista, audaz e insolente» de la Unión Europea.
“En estas circunstancias y ante el cerco permanente al derecho de nuestro pueblo a la soberanía nacional, no recibiremos a su representante”, dijo Moncada en una nota dirigida a Bruselas.
La Unión Europea, en un comunicado el martes, dijo que desde 2018, cuando miles salieron a las calles en protestas antigubernamentales, “el pueblo de Nicaragua ha enfrentado una represión sistémica”.
La represión de esas protestas, dijeron los observadores, dejó más de 350 muertos, cientos encarcelados y más de 100.000 en el exilio, y provocó una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desde entonces, el gobierno ha encarcelado a cientos de críticos, incluidos varios aspirantes a retadores del presidente Daniel Ortega en las elecciones de 2021, ha cerrado universidades y sindicatos y prohibido ONG.
Ortega fue un líder del gobierno sandinista de izquierda que gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990 y ganó una votación para volver al cargo en 2007, reelegido en sucesivas campañas desacreditadas por los observadores.
Se ha involucrado en prácticas cada vez más autoritarias, anulando los límites del mandato presidencial y tomando el control de todas las ramas del estado.
Las Naciones Unidas y los gobiernos occidentales han acusado repetidamente al gobierno de Ortega de intentar aplastar ilegalmente a toda la oposición.
«La Unión Europea ha condenado constantemente esta represión, pidiendo repetidamente la liberación de todos los presos políticos, el pleno retorno al estado de derecho y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos al país», dice el último comunicado de la UE.
Moncada respondió que la crítica hablaba de las «posiciones imperialistas y colonialistas que caracterizan a la Unión Europea».
– ‘Grito de justicia’ –
A medida que empeoraban los lazos con Occidente, Nicaragua expulsó el año pasado a la entonces embajadora de la UE, Bettina Muscheidt, y le negó la entrada al nuevo enviado de Estados Unidos debido a lo que denominó una actitud de «interferencia».
El bloque, a su vez, declaró al embajador de Nicaragua «persona non grata».
También prolongó las sanciones contra 21 personas y tres entidades debido al «deterioro de la situación política y social» en Nicaragua, incluida la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo.
Los pasos incluyeron una congelación de activos y una prohibición de viajar.
También el martes, Amnistía Internacional emitió un informe que detalla los esfuerzos del gobierno de Ortega para «silenciar a los defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y cualquier… voz crítica del gobierno; y operar sin ningún control ni rendición de cuentas».
El informe, titulado: «Un grito de justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua», acusa al régimen de una amplia gama de violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno sostiene que las protestas de 2018 fueron parte de un golpe de Estado fallido respaldado por Washington.
Convocó una marcha hacia la capital Managua el miércoles en lo que Ortega ha declarado un «Día de la Paz» en el aniversario de las protestas.
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