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En la cumbre de la OEA, Brasil intenta suavizar las críticas al gobierno de Nicaragua

A pocas horas del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mantiene los ánimos diplomáticos y políticos caldeados debido a las correcciones propuestas a una declaración crítica con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

La delegación brasileña introdujo «cambios sustantivos» en un documento elaborado por Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Antigua y Barbuda sobre «la escalada de la represión, el cierre del espacio cívico y las violaciones de los derechos humanos» en Nicaragua. A pesar de los concluyentes informes del grupo de expertos de Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la delegación brasileña cuestionó la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de la administración sandinista. Los diplomáticos brasileños eliminaron la expresión «conclusión alarmante» y la sustituyeron por «hay elementos».

Además, los diplomáticos brasileños añadieron la palabra «presunta» al pasaje sobre la violación de los derechos de propiedad y seguridad social mediante la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones a personas privadas de su nacionalidad por parte del gobierno nicaragüense, y que los promotores de la declaración original habían enfatizado.

Brasil también eliminó por completo la mención a los dramáticos niveles de migración de nicaragüenses que han huido debido a la persecución política y la crisis sociopolítica que azota desde 2018, año de masivas protestas sociales contra el régimen. El martes, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que se trata del mayor éxodo en la historia de Nicaragua, mayor incluso que el de la década de 1980, cuando el país libró una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos: «Al menos 605.043 nicaragüenses han abandonado su país en los últimos 62 meses, el nueve por ciento de la población total, debido a la represión estatal contra opositores, líderes religiosos y críticos del gobierno de Daniel Ortega», remarcaron.

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